Demanda de ejecución

Autor:Federic Adan Domènech
 
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La demanda de ejecución tiene por finalidad que el beneficiario del título ejecutivo y por tanto de la acción ejecutiva, pueda conseguir la efectividad de ésta. Se dirigirá al juzgado competente con la asistencia de abogado y procurador.

Contenido
  • 1 Contenido de la demanda de ejecución
  • 2 Plazo de espera para la interposición de demanda de ejecución
  • 3 Documentos a adjuntar en la demanda ejecutiva de sentencia civil
  • 4 Inadmisión de la demanda de ejecución
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos Adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En formularios
    • 6.3 Esquemas procesales
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Contenido de la demanda de ejecución

Conforme al art. 549 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) el contenido de la demanda de ejecución es el siguiente:

  • Determinación del tribunal ante el que se presenta. En el caso de tratarse de resolución judiciales, de transacciones y de acuerdos judiciales aprobados, se presentará directamente ante el Juzgado de 1ª Instancia que conoció del asunto, art. 545, LEC .
  • Determinación e identificación de las partes litigantes.
  • La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclama por principal, intereses y costas. Cabe distinguir que la tutela podrá ser ejercitada para reclamar una cantidad dineraria o por un título de condena que no sea dineraria (obligación de entregar una cosa, obligación de hacer o de no hacer, entre otras).
  • Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo .
  • Medidas de localización e investigación que interese al amparo del art. 590, LEC .
  • Como se ha dicho, suscrita por abogado y procurador, caso que sea necesario, art. 539.1, LEC .

El art. 549.2, LEC prevé que:

Cuando el título ejecutivo sea una resolución del secretario judicial o una sentencia o resolución dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda.

Es decir, para el supuesto que se trate de ejecución de título judicial, en concreto de una sentencia o resolución judicial, bastará un escrito sencillo de solicitud, prescindiéndose del carácter más formal que caracterizará a las peticiones de ejecución que se basen en otros títulos.

El art. 549.3, LEC modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas establece que:

En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de la sentencia, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado.

No obstante, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo , de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se añade un párrafo al apartado 4º del artículo 549 LEC , con la siguiente literalidad:

No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con carácter previo al lanzamiento, deberá haberse procedido en los términos del artículo 441.5 de esta Ley.

Así, por su parte la norma sostiene que en los casos del número 1º del artículo 250.1 , es precisa las siguientes actuaciones:

1.- Se informará al demandando de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales.

2.- Se informará al demandado de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a los servicios sociales para que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad.

3.- Se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios sociales.

De esta forma, si los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites.

Los tribunales a más de lo referido en la ley han hecho hincapié en la necesidad de que figure la relación directa entre lo que se solicita y el título de la ejecución, tal y como prevé el Auto nº 126/2008 de AP Las Palmas, Sección 3ª, 20 de Mayo de 2008 [j 1] y Auto nº 228/2006 de AP Sevilla, Sección 5ª,...

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