Proceso para la incapacitación y declaración de prodigalidad

Autor:Federic Adan Domènech
 
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Por medio del proceso para la incapacitación y declaración de prodigalidad un tribunal decide si una persona puede ser declarada incapaz o pródigo, con determinación de la extensión de sus efectos y basándose en las causas fijadas en la Ley ya que solamente una norma con este rango puede determinar lo que son las causas de incapacidad. En virtud de estos procesos se limita la capacidad de obrar de las personas físicas, no la capacidad jurídica que se mantiene plenamente.

Contenido
  • 1 Competencia para conocer de las demandas sobre capacidad y declaración de prodigalidad
  • 2 Legitimación para promover el proceso
    • 2.1 Incapacidad de mayores de edad
    • 2.2 Incapacidad de menores de edad
    • 2.3 Prodigalidad
  • 3 Posición del demandado en los procesos de incapacidad y prodigalidad
  • 4 Especialidades en materia de medidas cautelares
  • 5 Especialidades en materia de prueba en los procesos de incapacitación
  • 6 Sentencia en el proceso para la incapacitación y declaración de prodigalidad
    • 6.1 Nombramiento de tutor de acuerdo al Código Civil
    • 6.2 Nombramiento de tutor en Cataluña
    • 6.3 Nombramiento de tutor en Aragón
    • 6.4 Sentencias de prodigalidad
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
    • 8.1 En formularios
    • 8.2 En doctrina
    • 8.3 Esquemas procesales
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Competencia para conocer de las demandas sobre capacidad y declaración de prodigalidad

El art. 756 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) contiene un criterio competencial específico, al indicar que:

La competencia para conocer de las demandas sobre capacidad y declaración de prodigalidad corresponden al Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite.

El criterio competencial es por ello el de la residencia que cabe entender referido incluso a los supuestos de residencia ocasional, ya que la residencia habitual es la que genera el fuero del domicilio al ser precisamente el domicilio de las personas físicas aquel lugar en el que tienen su residencia habitual, art. 40 del Código Civil (CC) .

De acuerdo con el art. 54, LEC es un fuero imperativo lo que comporta el que se trate de un criterio que cabe comprobar de oficio.

Legitimación para promover el proceso

Como sucede en todo tipo de proceso, es necesario hacer una distinción entre la legitimación activa y la pasiva.

La legitimación activa aparece limitada a determinados parientes del afectado por la posible causa de incapacidad o prodigalidad y al Ministerio Fiscal que es a quien debe acudir cualquiera que pudiere tener conocimiento de una causa de incapacidad o prodigalidad (incluso una autoridad judicial) de forma que a la vista de ello sea el Ministerio Fiscal el que decida si inicia o no el proceso de incapacitación. Tratándose de autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conozcan la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, la posibilidad de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal se transforma en obligación. Sentencia nº 174/2002 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 9 de Octubre de 2002 [j 1], Auto nº 70/2011 de AP Pontevedra, Sección 6ª, 31 de Marzo de 2011 [j 2].

En resumen, los legitimados activos conforme al art. 757, LEC son los siguientes:

Incapacidad de mayores de edad

La puede instar: es un numerus clausus y sin prelación:

  • El presunto incapaz.
  • El cónyuge del presunto incapaz o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
  • Los descendientes del presunto incapaz.
  • Los ascendientes del presunto incapaz.
  • Los hermanos del presunto incapaz.
  • El Ministerio Fiscal pero solamente si los antes indicados no existen o no han solicitado la declaración de incapacidad.

La STS nº 717/2015, Sala 1ª, de lo Civil, 18 de diciembre de 2015 [j 3] acredita que la persona está afectada por una incapacidad total y permanente. La incapacitación supone una medida de protección para quienes no pueden autogobernarse. En consecuencia, no es posible someter a una persona que sufre las graves limitaciones a una medida cautelar como es la curatela, que es una institución de guarda de la persona para que pueda realizar determinados tipos de actos.

Incapacidad de menores de edad

Solamente es posible, de acuerdo con el art. 201, CC , cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad. Sentencia nº 217/2002 de AP Asturias, 6 de Mayo de 2002 [j 4].

En este caso, la legitimación para promover la declaración de incapacidad corresponde únicamente a:

  • Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.
Prodigalidad

La declaración de prodigalidad sólo puede ser instada por:

  • El cónyuge del presunto pródigo que perciba o se encuentre en situación de reclamar alimentos de éste. Los alimentos según el art. 142, CC incluyen: a) Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. b) La educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.c) Los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.
  • Los descendientes del presunto pródigo que perciban o se encuentren en situación de reclamar de éste alimentos con la noción de los mismos del art. 142, CC .
  • Los ascendientes que perciban o se encuentren en situación de reclamar de éste alimentos con la noción de los mismos del art. 142, CC .
  • Los representantes legales de cualquiera de los anteriores.
  • El Ministerio Fiscal solamente en los casos en los que el legitimado esté sujeto a un régimen de representación legal (tutela, patria potestad) y la declaración de prodigalidad no es pedida por los representantes legales.

Sentencia nº 79-03 de AP Valencia, 11 de Febrero de 2003 [j 5], Sentencia nº 203/2011 de AP Asturias, Sección 4ª, 23 de Mayo de 2011 [j 6], Sentencia de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 22 de Mayo de 1990 [j 7].

Posición del demandado en los procesos de incapacidad y prodigalidad

En cuanto a la posición de demandado en este tipo de procesos presenta unas especiales singularidades, hasta el punto de que no cabe propiamente dicho hablar de demandado sino de contraparte del instante de la declaración de incapacidad o prodigalidad. Su existencia es siempre necesaria ya que únicamente de esta forma se logra dotar al procedimiento de las suficientes garantías de contradicción.

Quien sea esta contraparte depende de quien sea quien inste la declaración de incapacidad o prodigalidad y solamente pueden ser los siguientes, con fundamento en lo previsto en el art. 758, LEC y no caben otros aún cuando ostenten legitimación activa:

Si la declaración la insta cualquiera de los parientes ostentan la condición de contraparte: * El presunto incapaz o pródigo.* El Ministerio Fiscal.

Si la declaración la insta el presunto incapaz o pródigo ostenta la condición de contraparte:* El Ministerio Fiscal.

Si la declaración la insta el Ministerio Fiscal ostenta la condición de contraparte: * El presunto incapaz o pródigo.* El defensor judicial en el caso en que el incapaz o pródigo:a) Adopte una posición pasiva.b) Cuando la enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico alegada en la demanda previsiblemente comporte el que no le sea posible entender la demanda, en caso de que ello no se haga una falta de contestación genera automáticamente el nombramiento de defensor judicial. La designación de defensor se debe hacer en pieza separada siguiendo un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se ha de abrir a consecuencia de estas circunstancias tanto de oficio (es lo usual) como a petición del Ministerio Fiscal, del propio presunto incapaz o de los restantes legitimados activos. El nombramiento ha de recaer en quien se estime más idóneo para el cargo.

Especialidades en materia de medidas cautelares

Las medidas cautelares en los procesos de incapacitación comportan la aplicación del régimen general y, en concreto, el que exige de la previa audiencia de las personas afectadas pues se hace una remisión expresa al régimen de las medidas cautelares generales en las que éstas se adoptan con esta previa audiencia. Respecto de la posibilidad de adoptarlas sin audiencia previa (y concurriendo las circunstancias justificativas de una adopción inaudita parte concurriendo los requisitos fijados para ello), parece que no es posible ya que en el art. 763, LEC se indica que, “como regla”, el régimen a aplicar es el de la audiencia previa, lo que conlleva la exclusión de la operatividad del régimen de las medidas cautelares inaudita parte.

En lo que respecta al contenido de las medidas cautelares...

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